En el Perú, la propiedad del subsuelo es un derecho distinto a la propiedad del suelo, tanto en el plano legal como en la práctica son dos derechos independientes. El propietario del suelo no es propietario del subsuelo
El Código Civil en el Perú, consagra esa situación de división
irracional de la propiedad. En su
artículo 954 establece que: La propiedad del subsuelo no comprende los
recursos naturales, los yacimientos y restos arqueológicos, ni otros bienes
regidos por leyes especiales. Esta disposición legal concuerda con
lo dispuesto en la Constitución Política del Perú que establece en su artículo
66 que: Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de
la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. En Resumen según los instrumentos jurídicos actuales el
propietario del subsuelo es el estado.
El fracaso del estado de sacar adelante
los mega proyectos de Conga y Tía María. Además de contar con la
oposición radical de los pueblos a la explotación minera en sus territorios; está
causando la desesperación de los
ideólogos de la derecha que están propiciando una campaña para cambiar la propiedad del subsuelo, pensando que con
esta medida se vencerá la actitud antiminera de los pueblos. Sostienen que si
en EEUU una persona encuentra petróleo en su tierra es rico, ya que el subsuelo
también es suyo. Mientras si lo encuentra en el Perú, esa persona sigue siendo
pobre porque el petróleo es del estado.
Varios políticos y tecnócratas están apoyando abiertamente esta posición
entre ellos tenemos a Pedro Pablo
Kuczinsky y Hernando de Soto, lo que avizora que en el mediano plazo se hará la
reforma constitucional. Lo que falta ponerse
de acuerdo es si se les da la totalidad de la propiedad del subsuelo o un porcentaje.
El blog Ideas Siglo 21, tiene sentimientos encontrados sobre esta reforma
constitucional que se avecina ya que por un lado estamos de acuerdo que los
dueños de las riquezas mineras sean las comunidades campesinas, esperando
solamente que el beneficio se extienda a toda la población. Y por otro lado la
preocupación de que los nuevos propietarios del subsuelo que por la ambición
del dinero relajen las exigencias ambientales en perjuicio de la seguridad de
sus pueblos. Esperamos que de legalizarse el cambio de la propiedad, el estado
por medio del Ministerio del Ambiente endurezca los requisitos para aprobar los Estudios de Impacto
Ambiental para salvaguarda de los pueblos.
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