FOTOGRAFÍA DE MAGISTRAL TOMADA DEL BLOG CONCHUCOS PERU
El Gobierno Peruano preocupado por la paralización de los proyectos mineros, está tomando medidas que aceleren los procedimientos para contrarrestar este estancamiento. Por ello ha decidido exonerar de la Consulta Previa a las Comunidades Nativas, a por lo menos a 14 proyectos que están en la etapa de exploración, a pesar de la opinión en contra de la Defensoría del pueblo, quien sostiene que dicha consulta debe realizarse de todas maneras.
Dentro de los 14 proyectos de exploración beneficiados con la exoneración, se encuentra el proyecto Magistral en el distrito de Conchucos.
A continuación publicamos el artículo 14 PROYECTOS MINEROS SIN CONSULTA PREVIA publicado el día sábado 27 de abril de 2013 por la Republica.pe
14 PROYECTOS MINEROS SIN CONSULTA PREVIA
Gobierno no señala cuáles, pero la intención es acelerar los procedimientos y contrarrestar la supuesta paralización de inversiones en el sector. Defensoría del Pueblo dice que consulta a los pueblos indígenas debe realizarse.
Con un secretismo poco aconsejable el gobierno ha decidido que por lo menos 14 proyectos mineros no pasen por el proceso de consulta previa a las comunidades nativas, como lo reconfirmara en la víspera el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla.
La semana pasada, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, anunciaba que se iban a "destrabar" 14 proyectos mineros en fase de exploración, "para pasar directamente a las autorizaciones y las empresas hagan lo que tengan que hacer".
Pero Castilla además adelantó la conformación de un grupo especial que se encargará de hacer un seguimiento a los principales proyectos de inversión en el país, de manera que se puedan "destrabar" los obstáculos burocráticos que paralizan su ejecución.
Sobre la decisión del gobierno de exonerar de la consulta previa a 14 proyectos mineros, el gobierno la habría tomado luego recibir muchas quejas del sector minero, que critican una supuesta paralización en las inversiones del rubro, por lo que están buscando mejorar los procedimientos de permisos.
Entre los proyectos mineros beneficiados estarían el proyecto “Angostura” en la comunidad campesina de Nueva Esperanza de Mollepiña (Apurímac).
Otros dos serían el Proyecto Magistral en el distrito de Conchucos (Ancash) y el Proyecto Marcobre en la provincia de Nasca (Ica).
Pero estos 14 proyectos mineros coincidirían con el número de proyectos identificados por la Defensoría del Pueblo que están ubicados en áreas habitadas por pueblos indígenas.
El órgano defensorial se basa en un reporte del Ministerio de Cultura enviado al Ministerio de Energía y Minas, que había consultado si existían comunidades nativas en las áreas de influencia de un paquete de proyectos mineros.
Al respecto, el jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Daniel Sánchez, señaló a la página web informativa Inforregión que en la actualidad existen 14 proyectos mineros que afectarían el derecho de los pueblos indígenas.
Sin mencionar qué comunidades serían las involucradas, Sánchez consideró necesario que cuando se emita la medida administrativa de inicio de las actividades de exploración o explotación, se sometan al proceso de consulta previa.
Los procesos de consulta previa no se iniciaron en el sector minero, a pesar de que en mayo del 2012 el Ministerio de Cultura aprobó la directiva que establece las normas, pautas y procedimientos para la administración de la Base de Datos Oficial de los Pueblos Indígenas u Originarios, la cual hasta ahora no ha sido publicada.
Tampoco salió a la luz pública la “Guía metodológica para la implementación del derecho de consulta previa”, tal como lo dispone el artículo 28° del Decreto Supremo N° 001-2012-MC, habiéndose excedido largamente el plazo de 30 días.
No obstante, según la Defensora Adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Alicia Abanto, no hace falta la publicación de ambos instrumentos normativos para que el Estado haga cumplir el derecho a la consulta previa.
Explicó que la consulta busca incentivar el proceso de diálogo entre las partes que permita un desarrollo armónico, tanto de la empresa como de los derechos colectivos de las personas.
Señaló que más que ser vinculante o no, lo importante es que por primera vez en la historia de nuestra República, el Estado se sienta a dialogar con los pueblos indígenas, lo cual es un avance sustantivo en las relaciones entre el Estado y su ciudadanía.
Abanto indicó que la implementación del derecho a la consulta requiere de normas e instrumentos de gestión claros que orienten a los funcionarios estatales en su labor de implementación.
Agregó que es imprescindible que cada uno de los funcionarios públicos y toda la sociedad apuesten por una verdadera cultura de diálogo intercultural.
